El Gobierno ha sorprendido a todo el mundo al aprobar que cualquier sociedad civil y mercantil, cuyo objetivo sea la actividad agraria y acredite una facturación mínima de 10.000 euros al menos en uno de los dos ejercicios previos a la convocatoria de las elecciones, podrá participar en la próxima consulta nacional para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, según figura en el último proyecto de ley por el que se regula este procedimiento para determinar la representatividad de las OPAs. Asimismo, el censo incluirá de oficio a las personas físicas según los datos actualizados en el apartado anterior, estar afiliado a la Seguridad Social y en alta como trabajador agrario por cuenta propia en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos de acuerdo con los datos en poder de la tesorería -siempre que no hayan obtenido ayudas por el cese de la actividad-.
Entre los requisitos exigidos a los activos agrarios para poder ejercitar su derecho al sufragio en esta futura consulta, figura percibir pagos directos superiores a 5.000 euros (frente a los 3.000 que figuraban en anteriores borradores, como consecuencia de un acuerdo transaccional a una enmienda presentado el Grupo Mixto alcanzado en el Pleno del Senado).
Además se incluirán en el censo aquellos agricultores que declaren una renta procedente de la actividad agraria de un porcentaje igual o superior al 25 % de su renta total. El Pleno del Senado remitía el jueves al Congreso, para su aprobación definitiva, este Proyecto de Ley.
La norma determina que serán organizaciones profesionales agrarias más representativas las que obtengan, al menos, un 15% de los votos válidos emitidos en consulta en todo el Estado y, además, por lo menos un 5% en seis comunidades autónomas.
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